Luces y sombras de la Reforma Cultural

Encuentro de Gobernanza Cultural Atlántico

El Proyecto de Ley 630 de 2025 se aprobó en su primer debate con el respaldo de 6.900 participantes en encuentros regionales. Pero, como suele ocurrir en Colombia, entre las buenas intenciones y la realidad ejecutiva hay un trecho que se mide en pesos y voluntad política.

Lo Bueno: el discurso se vuelve norma

La reforma cultural que acaba de pasar su primer filtro legislativo tiene elementos que, francamente, eran necesarios desde hace décadas. El reconocimiento de las artes vivas, las culturas digitales y la comunicación comunitaria no es solo progresismo de papel: es la aceptación tardía de que el ecosistema cultural colombiano cambió mientras las normas seguían ancladas en 1997.

Los incentivos tributarios del 165% en impuesto de renta para proyectos culturales son una jugada inteligente. Es el tipo de estímulo que funciona cuando hay voluntad empresarial y que, además, tiene precedentes exitosos en otros países latinoamericanos.

También hay que reconocer el enfoque diferencial robusto: indígenas, afrodescendientes, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto y personas con discapacidad tienen líneas específicas de atención. En un país donde la diversidad cultural ha sido más discurso que política pública, esto representa un avance concreto.

Lo Malo: las trampas del optimismo fiscal

La Estampilla ProCultura al 2.5% con destinación del 30% para seguridad social de artistas suena maravillosa hasta que uno lee la letra menuda: solo aplica cuando las entidades territoriales hayan cubierto sus pasivos pensionales. Traducido al español de alcaldías: "cuando las ranas críen pelo". Municipios como Luruaco, que apenas logran pagar nómina y servicios básicos, tendrán que esperar años antes de destinar recursos suficientes a pensiones de artistas. Es la típica norma bien intencionada que se estrella contra la realidad fiscal territorial.

El tema de la prelación de Planes Especiales de Manejo y Protección sobre los POT locales va a generar más de un dolor de cabeza. Los alcaldes no van a renunciar fácilmente a decidir sobre el uso de suelo en sus territorios, y menos si eso implica limitar desarrollos urbanísticos que generan ingresos por licencias y predial.

Lo Feo: los elefantes en la sala

Lo más preocupante de esta reforma no está en lo que dice, sino en lo que calla sobre su sostenibilidad. En un escenario de ajuste fiscal estos incentivos tributarios y estampillas "infladas" pueden ser los primeros en recortarse. La cultura, por más que se hable de su importancia, sigue siendo vista como "gasto social opcional" cuando llega la hora de los tijeretazos presupuestales.

El riesgo de captura por grandes agentes culturales es real. Los incentivos tributarios y convocatorias complejas tienden a favorecer a quienes tienen la capacidad técnica para navegar la burocracia: grandes productoras, festivales consolidados, fundaciones con músculo administrativo. Mientras tanto, las iniciativas comunitarias como las de Luruaco pueden quedarse por fuera, como sucedió este año.

La consulta previa con comunidades étnicas, siendo fundamental, puede convertirse en un laberinto procedimental que paralice proyectos por años. Colombia tiene un historial poco alentador en este tema: procesos que se extienden indefinidamente mientras las comunidades esperan y los recursos se congelan.

Reforma cultural necesaria, ejecución incierta

Las intenciones son correctas, el diagnóstico es acertado y varias medidas tienen potencial real de transformación. Pero la brecha entre la norma y la realidad sigue siendo el gran desafío del Estado colombiano. La pregunta no es si necesitamos esta reforma —la necesitamos—. La pregunta es si tenemos la voluntad política y la capacidad institucional para implementarla sin que se convierta en otro catálogo de buenas intenciones archivadas en los anaqueles de la administración pública.